La sub-comisión de Observatorio de Medios, a través de sus integrantes, se ha fusionado en colaboración con el Observatorio de Medios de Argentina de la Agencia Periodística del Mercosur (APM), de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La PLata (UNLP). (Director: Víctor Ego Ducrot, Coordinador: Fernando López.)
Los objetivos específicos de este Observatorio de Medios son:
Identificación y aplicación de Líneas y Políticas Editoriales en Medios Periodísticos.
Aprender los conceptos fundamentales del modelo teórico y metodológico Intencionalidad Editorial. El mismo parte de considerar a todo proceso periodístico como herramienta para la conformación de sentidos comunes en el marco de la disputa hegemonía – contrahegemonía, como así también en el que se registran contradicciones que denominados intra e inter-hegemónicas.
Utilizar ese marco conceptual en: (i) la aplicación de líneas editoriales en la labor cotidiana de Editores periodísticos (también Redactores); y (ii) la identificación de las distintas líneas editoriales que se expresan en el ámbito periodístico contemporáneo, a partir de ejemplos paradigmáticos y de una herramienta cuantitativa y cualitativa como lo es el Observatorio de Medios.
El Observatorio de Medios de Argentina
El Observatorio de Medios de Argentina
Un espacio para el estudio y el análisis de los medios de comunicación, de la Agencia Periodística del Mercosur (APM), de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La PLata (UNLP).
Director: Víctor Ego Ducrot...Coordinador: Fernando López.
El Observatorio de Medios analizó la agenda periodística de El Diario, noticiero central del canal controlado por el Grupo Hadad, entre el 10 y el 14 de noviembre pasados. Uno de los temas relevantes fue el de la delincuencia juvenil, donde el medio actuó como animador privilegiado de un posicionamiento editorial atentatorio contra la protección de la minoridad.
Eduardo Feinmann: Esta mañana escuchaba al capitán que lo detuvo… y él contaba que, bueno, que el chico, que no es lo mismo atrapar a un menor que atrapar a un mayor. Estamos hablando de un menor peligrosísimo –el conductor siempre sube el tono de voz cuando hace referencia a la peligrosidad de los menores delincuentes-, peligrosísimo, a quien no le tembló el pulso para matar a Barrenechea. No le tembló el pulso. Contaba el capitán que el chico lloraba a mares, el asesino a mares lloraba… Claro, son de estas personas, de estos personajes nefastos que se acuerdan de llorar como nenas en ese momento, cuando son atrapados, pero cuando tienen a una familia entera, y cuando tienen que apretar el gatillo, se ríen. ¡Se te ríen en la cara! Y sino hablen con las víctimas, a ver lo que pasaron.
Pablo Kablan: Es algo que se ve en muchos casos, cuentan los investigadores, cuando hay menores de por medio. Cuando actúan en bandas… en grupos, drogados o no, con armas de fuego. Son muy violentos, muy, muy, peligrosos. Pero lo que pasa, cuando están solos y sin armas, allí ya son débiles. No tienen el poder que les otorga el arma, por eso es que lloran…
Feinmann: Pero a mí esas lágrimas de cocodrilo no me conmueven, las lágrimas de este asesino no me conmueven de ninguna manera. ¡Llorá todo lo que quieras, maricón! –lo dice mirando a la cámara, como si hablara directamente con el joven.
Esas expresiones del conductor y de uno de los periodistas del espacio investigado en esta Observación hablan por sí solas.
El espacio televisivo relevado por este Observatorio viola las normas básicas del periodismo profesional –fuentes contrastadas y diferenciación entre opinión e información/noticia, entre otras- con el deliberado objetivo de comportarse como animador privilegiado de un posicionamiento editorial atentatorio contra principios jurídicos consagrados en tratados internacionales y en la doctrina de última generación sobre protección a la minoridad.
C5N opta así por una campaña criminalizadora de la niñez y la juventud, epifenómeno que se inscribe en ciertos avances del Estado en matrices represivas y violatorias del más elemental principio de Derechos Humanos.
Como se señaló en otros informes, este Observatorio no cuestiona el derecho que tiene todo medio y todo periodista de asumir su propio posicionamiento editorial respecto de cualquier ítem de los acontecimientos que conforman la masa crítica noticiable. Sí cuestiona en cambio, y denuncia por ser lesiva para el derecho de todas y todos a informa y a estar informados, que ese posicionamiento se encubra tras las apariencias de “noticia” o “información” objetiva.
Durante el período observado, el noticiero central del canal C5N privilegió en su agenda las informaciones relacionadas con la inseguridad, especialmente aquellas que tuvieran que ver con menores en conflicto con la ley, un tema que los medios de comunicación y el poder político reinstalaron a partir del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea.
La intencionalidad editorial de este medio del grupo de Daniel Haddad con respecto a la inseguridad y la delincuencia juvenil se basó en un discurso de sentido común reaccionario, promotor de la mano dura y criminalizador de la niñez en contextos sociales de pobreza, sin indagar sobre las causas del fenómeno ni considerar otras soluciones más que las represivas.
En este sentido, la propuesta del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años fue defendida por el medio de manera excluyente.
En función de la instalación de dicho sentido común, característico de todos los medios controlados por Hadad, el noticiero de C5N incurrió en prácticas violatorias de los estándares mínimos de calidad y responsabilidad periodística.
Se mostró sólo un aspecto de la de la cuestión, el de las víctimas, exagerando y demonizando en muchos casos el papel del victimario con adjetivaciones e, incluso, mentiras que buscaron exacerbar y alentar odios latentes o manifiestos en un sector de la sociedad en torno a casos concretos que fueron presentados en forma generalizada.
Sistemáticamente, se ocultó y obvió la voz de los menores, tanto desde ellos mismos como sujetos, como desde otros actores que representaran sus intereses o defensa, ya sean abogados, organizaciones sociales y de derechos humanos, especialistas en minoridad, u organismos estatales.
Cuando se incluyó a alguno de estos actores, como fue el caso de los padres de dos de los acusados de participar en el crimen de Barrenechea, el noticiero editó sus testimonios para que aparecieran sólo los aspectos negativos de los menores, así como se recurrió a la gramática del videograph para tergiversar sus propias palabras.
Otros actores, como la ex secretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, Martha Arriola, que adoptó una postura crítica a la propuesta de Scioli y puso en evidencia la crisis del sistema de minoridad bonaerense por falta de recursos, fue deslegitimada a partir de una selección de declaraciones hechas a otros medios, sin consultar su postura de manera directa.
Tampoco se tuvieron en cuenta hechos importantes que trascendieron públicamente durante el período de observación, como la anulación de la declaración de uno de los menores involucrados en el caso Barrenechea al detectarse que su confesión había sido obtenida mediante coacción y tortura.
De la misma forma, se pasaron por alto las sospechas sobre la fuga de uno de los adolescentes de ese mismo caso, que indicaban que el hecho habría sido operado en medio de la crisis del gabinete bonaerense por el tema de minoridad.
Nada se dijo tampoco en C5N sobre las marchas organizadas contra la mano dura y la criminalización de la infancia, que tuvieron lugar en Capital Federal y La Plata. Ningún movilero del canal cubrió esos actos, al tiempo que se ocultaron de manera deliberada las denuncias de las organizaciones participantes en una de esas movilizaciones sobre el secuestro de una militante social que fue agredida, amenazada y abandonada en la vía pública, a pocas cuadras de una concentración realizada frente a la Gobernación bonaerense, en La Plata el día 12 de noviembre, fecha comprendida en el período de este observatorio.
Similar comportamiento se relevó en otros temas relevantes abordados por el noticiero, como el fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia de libertad sindical. El medio trató esa información con una llamativa unilateralidad de fuentes, actores y sujetos, privilegiando la postura de la CGT y el Ministerio de Trabajo, y ocultando o minimizando la voz de la CTA al respecto.
Asimismo, se observó un tratamiento sumamente adverso hacia los docentes porteños en conflicto con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ocultando las dimensiones del reclamo gremial y educativo, y descalificando a los actores de la protesta, a quienes se consideró “sindicalistas violentos”, cuando, en realidad, todas sus manifestaciones se desarrollaron pacíficamente.
De esta forma, el noticiero conducido por Eduardo Feinmann ofreció a sus receptores una marcada falta de responsabilidad y calidad periodística en la cobertura de sus informaciones de agenda.
Así lo reveló una nueva investigación del Observatorio de Medios de Argentina, al analizar la cobertura periodística de ese matutino sobre el proyecto de ley de reforma del sistema previsional, enviado al Congreso por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Las conclusiones del trabajo del Observatorio de Medios sobre el diario La Nación, que contempló las informaciones y opiniones publicadas entre el 21 y el 27 de octubre de 2008, determinaron lo siguiente:
La Nación no cumplió con los estándares mínimos de calidad y responsabilidad periodística, reconocidos y exigidos no sólo por los ámbitos académicos e institucionales especializados, sino por sus propios llamamientos en abstracto y desde sus columnas editoriales.
En forma deliberada, y en muchos casos burda, encubre su posicionamiento político frente al Gobierno nacional mediante prácticas mediáticas que violan los preceptos básicos del periodismo profesional. Las adjetivaciones difamatorias, la unilateralidad de fuentes, y el ocultamiento de sujetos y protagonistas de la noticia y de la información se convirtieron en prácticas habituales del medio observado.
En estudios anteriores y no vinculados estrictamente a la presente investigación, vino constatándose una tendencia en la mayor parte de los grandes medios gráficos de nuestro país –no sólo La Nación-, consistente en recurrir a títulos y ampliaciones de los mismos con informaciones procedentes de fuentes anónimas, informaciones que persisten en el anonimato de sus procedencias en el texto desarrollado de las mismas. En el caso relevado en esta investigación, esa tendencia adquiere proporciones de tal magnitudque permite concluir que, en función de sus posicionamientos políticos, La Nación viola sistemáticamente su responsabilidad informativa.
Como se ha afirmado en otras oportunidades, el Observatorio de Medios de Argentina, en función de promover el pleno ejercicio de la libertad de expresión, reconoce y considera saludable que cada medio, grupo mediático y periodista exprese sus puntos de vista y posicionamientos editoriales. Sin embargo, advierte que esa práctica debe someterse a los estándares de calidad y responsabilidad profesional, para darle cumplimiento al principio básico, aceptado por la legislación internacional de última generación, que confiere el derecho a informar y estar informados a todas y todos los que integran una sociedad, no sólo a las empresas periodísticas y a su profesionales.
Asimismo, se llama la atención sobre el hecho de que, sin sustentos informativos y teóricos suficientes, La Nación celebra las intervenciones estatales del Gobierno de Estados Unidos en el marco de la actual crisis financiera global, a la vez que descalifica en términos injuriosos las políticas públicas gubernamentales argentinas, cuando éstas le adjudican y o reconocen al Estado la obligación de intervenir en el contexto local de la citada crisis global.
Al igual que a lo largo de toda la cobertura contemplada en esta investigación, este posicionamiento de La Naciónno cumple con ninguno de los preceptos reconocidos como guías de un periodismo practicado con calidad y responsabilidad profesional.
Este Observatorio se abstuvo en forma sistemática de consignar recomendaciones acerca de qué actitud receptora debería guardar el conjunto de la sociedad ante las calidades de los servicios noticiosos e informativos de los más poderos e influyentes medios de comunicación. Sin embargo, ante la gravedad de las actitudes y tendencias constatadas en ésta y otras investigaciones, nos permitimos sugerir dos líneas de acción.
Ante los discursos periodísticos del los medios, adoptar el rol de receptores incrédulos-críticos, lo que lleva al esbozo de la segunda línea de acción recomendada.
Pensar y articular las formas gregarias y asociativas desde la cuales todas y todos podamos pasar de receptores a productores de información, con la intención deliberada de que todos los protagonistas sociales tengan voz y relevancia en los procesos de construcción periodística-comunicacional. En este último punto cabe aclarar que esa participación y ese protagonismo de voces no se logra conforme a ciertas propuestas simbólicas y comerciales que proponen las grandes corporaciones y concentraciones mediáticas, como ser el envió de imágenes y la participación en sus foros y blogs, mecanismos tendientes a reforzar la expropiación de la palabra y a la frivolización del concepto de democracia comunicacional.
Una investigación realizada por estudiantes de la Facultad de Periodismo de la UNLP, que cuenta con el aval del Observatorio de Medios de Argentina, determinó que la mayoría de los medios analizados se posicionaron en contra del gobierno constitucional de Evo Morales durante el conflicto político en Bolivia.
El trabajo observó la cobertura y posicionamiento editorial de los diarios Clarín (Argentina), El Deber (Bolivia), El Mercurio (Chile), La Jornada (México) y Nuevo Herald (Estados Unidos) frente a la crisis política boliviana entre los días 16 y 28 de septiembre de 2008
A excepción del periódico La Jornada, “los medios analizados adoptaron un posicionamiento decididamente en contra del gobierno constitucional de Evo Morales, y aprovecharon la cobertura para desacreditar a otros gobiernos democráticos de Sudamérica, como el del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, y al complejo proceso de integración regional”, destaca el Observatorio en sus conclusiones.
Según agrega el trabajo, esos posicionamientos editoriales se construyeron con herramientas y gramáticas periodísticas violatorias de los estándares mínimos de calidad profesional, como selección unilateral de fuentes, silenciamiento de actores, conversión de opiniones en datos noticiables, entre otras.
Todas estos procedimientos –alerta el informe- “son contrarios al ejercicio pleno de la libertad de prensa, considerando que la misma es una garantía democrática para el conjunto de la sociedad y no sólo para las empresas y los profesionales de los medios”.
La investigación, que cuenta con el respaldo y aval del Observatorio de Medios de Argentina, fue desarrollada por estudiantes del Seminario de Grado Intencionalidad Editorial-Observatorio de Medios, durante el ciclo lectivo correspondiente al segundo semestre de 2008. Este seminario se dicta en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y está a cargo del profesor Víctor Ego Ducrot, quien además es director del Observatorio de Medios de Argentina.
El Observatorio de Medios de Argentina culminó una nueva investigación, realizada entre el 06 y el 10 de octubre últimos, sobre la agenda periodística de uno de los noticieros más influyentes del país. A continuación ofrecemos las principales conclusiones del informe.
En este trabajo del Observatorio de Medios de Argentina el objeto de análisis (el noticiero Telenoche) fue nuevamente un medio audiovisual del Grupo Clarín, tal como se hiciera en su oportunidad con el canal televisivo Todo Noticias (TN), al observar durante una semana (28-07-2008 al 01-08-2008) las coberturas realizadas sobre la agenda política nacional y especialmente sobre el desenvolvimiento de Cristina Fernández de Kirchner.
El abordaje del espacio periodístico central y de mayor audiencia de Canal 13, Telenoche, permitió llegar a conclusiones más acabadas sobre cuestiones de agenda y tratamiento informativo por parte del grupo multimedia más poderoso del país.
Los datos cuantitativos y cualitativos relevados conforme a la muestra y período de observación establecidos en el proyecto de este nuevo observatorio, indicaron, en primer lugar, una marcada tendencia a la uniformización de contenidos, fuentes y posicionamientos editoriales, como así también a la utilización de técnicas, herramientas y gramáticas de construcción noticiosa que atentan contra el derecho individual y colectivo que requiere todo sistema que se considere democrático: a contar con información amplia, plural y de voces suficientes.
Este Observatorio arribó a esas conclusiones porque:
1.- En su cobertura predominante –la crisis financiera global- incurrió a un marcado recorte de fuentes, siendo en muchos casos las meras opiniones de su personal periodístico, dato éste que cobra relevancia, toda vez que Telenoche se presenta como noticiero y no como espacio de opinión.
2.- Haciendo uso de esos recursos tendió en forma sistemática a crear climas de “terror”, sin darle espacio a voces que proponen cierta desdramatización de los acontecimientos, y a descalificar o poner en duda todos los discursos gubernamentales en ese sentido.
3.- Al ocuparse desu segundo tema de agenda en importancia, seguridad, enderezó su cobertura a promover políticas de endurecimiento penal, sin que esa toma de posición aparezca confrontada por voces de signo opuesto.
4.- Llamó la atención la unilateralidad de las fuentes y la ausencia de actores y sujetos contradictores.
Como lo ha señalado en otras oportunidades, el Observatorio de Medios de Argentina reconoce que la toma de posición ante los acontecimientoses un elemento constitutivo de todo proceso periodístico, que permite el legítimo ejercicio de la libertad de prensa a medios y profesionales.
Sin embargo, advierte que, conforme a la Constitución Nacional, ese derecho no es privativo de empresas titulares de medios de comunicación sino que pertenece a la órbita de derechos y garantías que aquella reconoce a todo quien habita el territorio nacional.
En ese sentido, el Observatorio de Medios de Argentina considera que la plena vigencia del orden constitucional exige que se de cumplimiento efectivo al derecho que tienen TODAS Y TODOS de informar y estar informados, con equilibrio editorial; y que realizaciones periodísticas como las constatadas en Telenoche no tienden a ello, sino a monopolizar los flujos informativos desde una parcialidad determinada, con pretensiones de validez universal, y a construir realidades, mas que a informar y analizar acontecimientos.
La grave situación humanitaria en que se encuentran seis ciudadanos paraguayos presos y nuestra prensa.
El Observatorio de Medios de Argentina ve con preocupación y alerta sobre la falta de atención prestada por la mayor parte de la prensa local a la grave situación en viven seis campesinos paraguayos en el penal de Marcos Paz (presos políticos desde hace más de dos años y en huelga de hambre desde hace 60 días), a quienes el el gobierno argentino niega condición de refugiados políticos.
Salvo una reducida cantidad de medios electrónicos -la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh y la Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), entre otros-, son contados los casos de prensa impresa de circulación nacional que hayan tratado el tema. Podemos sí destacar la cobertura del semanario Veintitrés (ver Resistencia Guaranía; pag. 34; edición del 09-10-08) y una breve nota publicada la semana pasada por el diario Página 12.
Por su parte, los medios audiovisuales tocan el tema cada vez que se realizan marchas y cortes para destacar "los trastornos en el tránsito" y "los perjuicios" causados a los comerciantes por las protestas. Pero ocultan sistemáticamente la cuestión de fondo y los reclamos puntuales de las manifestaciones.
¿Por qué un caso de tamaña violación a los Derechos Humanos - en el que el Gobierno Nacional tiene una grave responsabiliad, al no conceder la solicuitud de asilo político que en su oportunidad efectuaron los seis ciudadnos paraguayos- no es abordada por los medios de comunicación, como lo exige el desempeño de los mismos en un marco democrático?
Puede consultarse información sobre el tema en el artículo ¿Democracia con presos políticos? Peligra la vida de seis campesinos paraguayos, publicado en http://www.prensamercosur.com.ar/
Después de una puesta en escena en la que la iniciativa sobre la ley de servicios de comunicación o ley de radiodifusión ganó las primeras planas del debate público, el tema parece haber entrado ahora en un remanso. Conocer de qué se trata y qué se está discutiendo es central.
Por Víctor Ego Ducrot * Ni una nueva Ley de Radiodifusión ni mucho menos un nuevo orden democratizador integral de la comunicación podrán concretarse si todo queda en manos de especialistas y funcionarios. Los hechos y los dichos parecen indicar que es el Comfer el órgano de gobierno más dispuesto a impulsar la reforma o la sustitución de la actual Ley de Radiodifusión, herencia de la dictadura a la que todos los gobiernos constitucionales recurrieron, por conveniencias propias y ajenas, imposibilidades o temores.
Sin embargo, es evidente que la decisión y las energías empleadas en ese sentido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante los momentos más álgidos del conflicto con las patronales del agro –abiertamente sostenidas por el complejo corporativo mediático– han menguado e ingresado en una etapa de sigilo y negociaciones, algunas de las cuales no pueden ser disimuladas.
No es menos evidente que ésta o cualquier administración que aborde con seriedad un programa de democratización mediática deberá confrontar con fuerzas tan o más poderosas que las nucleadas en torno del cartel de la soja, comandado por la FAA, la Sociedad Rural Argentina y organizaciones afines.
Conviene recordar que los principales grupos mediáticos –con Clarín a la cabeza– se foguearon en sus artes de “negociación” en tiempos de autoritarismo y dictaduras, y que, con el correr de los años globalizadores, supieron tejer sin cansancio ni desmayos una compleja trama de intereses corporativos con los sectores más concentrados de la economía local, gimnasia esa que les permitió obtener una efectiva patente de corso a la hora de influir sobre los más diversos ámbitos públicos y privados.
Con una experiencia de más de tres años en investigaciones sobre escenarios locales y latinoamericanos, el Observatorio de Medios de Argentina, unidad docente y de investigación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, pudo constatar que los comportamientos de los oligopolios mediáticos responden a una misma matriz, desde México hasta Tierra del Fuego.
Se basan en el bombardeo simbólico contra toda política pública que comprometa sus intereses corporativos, asociados con los actores más concentrados del sistema financiero, económico y comercial. Para ello, actúan como verdaderos productores y reproductores se sentidos de clase o grupo convertidos en valores universales.
Los informes que oportunamente produjera el Observatorio sobre las coberturas de algunos de los principales medios gráficos al conflicto entre el Estado nacional y el cartel de la soja, sobre el tratamiento que esos mismos diarios le dieron al tema Ley de Radiodifusión y sobre la gramática de construcción noticiosa e informativa utilizada por el canal Todo Noticias (TN), todos confirmaron la tendencia referida en el párrafo anterior.
Sin embargo, y para no abundar en temas que ya fueron abordados desde las páginas de esta sección, es probable que sea conveniente detenerse en un punto de particular significado y que, en sí mismo, contiene un principio fundamental: si entendemos que la comunicación es un servicio público es dable destacar que el actor principal –el factor fundamental– del complejo y dialéctico proceso comunicacional es el sujeto colectivo integrado por todas y todos los ciudadanos-individuos que conforman la sociedad, los destinatarios primeros y últimos del derecho a estar informados e informar.
En ese sentido, puede resultar ilegítimo e inconveniente por ineficaz, desde el punto de vista de la construcción de ciudadanía plenamente democrática, considerar que la discusión sobre la necesidad de modificar el marco jurídico de la radiodifusión en nuestro país se agota con el debate entre la llamada comunidad de la comunicación, por amplio que éste sea. Ese debate debe ampliar sus márgenes hacia escuelas, colegios, universidades, organizaciones sociales y de consumidores, centros vecinales y sindicatos, entre otras instancias. El de la comunicación social no es un tema que sólo involucra a comunicadores, académicos, políticos y funcionarios. Toda la diversidad que encierra nuestra sociedad tiene algo que decir al respecto y para ello debe saber de qué se trata.
Por último, otro punto que puede se crucial. Aun en medio de la incertidumbre sobre cuál será finalmente el contenido de la nueva Ley de Radiodifusión, el gobierno nacional parece encaminado a decidir acerca del sistema de televisión digital.
Quedamos así ubicados ante un escenario en el que miles de millones de dólares están en juego, precisamente entre los actores corporativos más concentrados de nuestro país, entre ellos los grupos mediáticos y las telefónicas, por sólo citar algunos.
No vaya a ser que la probable nueva ley quede sólo en una formalidad o vaciada de contenido ante el vértigo de las innovaciones tecnológicas, administradas una vez más en favor de los intereses empresarios. Por todo lo expresado hasta aquí sería bueno que el pueblo supiese de qué se trata.
* Director del Observatorio de Medios de Argentina.
Artículo publicado en la edición del 01 de octubre del diario Página/12
No podía ser de otra forma. Como conclusión de su 46 asamblea anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) acusó al gobierno nacional de prácticas violatorias de la libertad de prensa y salió en defensa de las agresiones que supuestamente habrían recibido Clarín, La Nación, Perfil, o Radio Continental, entre otros, y sus periodistas. Quién tenga interés en consultar el texto completo firmado por el presidente de esa entidad, Carlos Gamond, puede hacerlo en http://www.adepa.org.ar/.
El Observatorio de Medios de Argentina rechaza por tergiversadoras y falsas las acusaciones de ADEPA y señala que, como es habitual en esa organización y otras afines, sus dichos apuntan a insistir en una falacia que no es consecuencia de errores conceptuales sino de intereses corporativos concretos: confundir libertad de prensa con privilegios irrestrictos de empresas propietarios de medios.
Según el ordenamiento jurídico nacional e internacional, las libertades de prensa y de expresión no son patrimonio de las empresas periodísticas sino de todos los que habitamos en territorio argentino.
Aunque no acordemos en un todo con la política de medios del actual gobierno nacional -más allá de nuestros apoyo decidido a toda decisión que proponga derogar la actual Ley de Radiodifusión y el establecimiento de un marco jurídico democrático para el sector-, entendemos que esta ofensiva de ADEPA se inscribe en la estrategia de las corporaciones mediáticas, tendiente a conservar sus privilegios y mantener cautiva a nuestra sociedad de sus propios intereses, a través de prácticas periodísticas que desinforman, que ocultan hechos, actores y contextos y que, en muchos casos, mientan en forma precisa y contundente.
A diferencia de las proclamas corporativas y de ADEPA, este Observatorio de Medios trabaja en función de hacer efectivo el pleno derecho de las ciudadanos, de los ciudadanos y del conjunto de la sociedad en sí, a informar y estar informados, porque ese es el marco para una auténtica y legítima libertad de prensa.
Las investigaciones del Observatorio –cuyos informes pueden ser solicitados a través de elobservatoriodemediosdeargentina.blogspot.com, del correo elobservatoriodemedios@gmail.com y de http://www.pecyp.com.ar-/ intentan develar cuáles son los mecanismos utilizados por los medios de comunicación para tejer sus intencionalidades editoriales. En esas investigaciones se ha expresado y fundamentado que, en forma recurrente, algunos de los que en forma tan encendida defiende ADEPA, llegaron incluso a difundir construcciones periodísticas lesivas del orden constitucional.
